"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Ramón Jáuregui, diputado socialista y coordinador de la Conferencia Política del PSOE
“Queremos incorporar a nuestra Constitución una cláusula de estabilidad social”
04/07/2013
Mario García
Lo ha sido prácticamente todo en política, con responsabilidades en diferentes administraciones públicas. Tras una larga trayectoria en el País Vasco, dio el salto a la arena nacional en 2000 y ejerció como ministro de la Presidencia en los 14 últimos meses del segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora es diputado en las Cortes Generales y coordina los trabajos de la Conferencia Política del PSOE.
Se trata de un trabajo titánico cuyos trabajos coordina Jáuregui y que darán un lavado de cara a un histórico partido fundado en 1879 y que quiere darle un moderno barniz socialdemócrata, adaptado a este siglo XXI.
Un repaso rápido por las responsabilidades públicas de Jáuregui nos recuerda que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián (1979-80), diputado en el Parlamento Vasco (1980-83 y 1990-98), delegado del Gobierno en el País Vasco (1983-87), vicelehendakari del Gobierno vasco (1987-91); consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco (1995-97), europarlamentario (2009-10), ministro de la Presidencia (2010-11) y diputado en las Cortes Generales (2000-09), y que actualmente tiene un escaño en el Congreso de los Diputados.
Político experimentado y de sólidas convicciones, Jáuregui recibe a ‘cermi.es semanal’ en su despacho de la Cámara Baja y nos atiende con suma amabilidad, corroborando en la distancia corta que es un maestro en la comunicación política.
Usted tiene una larga trayectoria política en la que reiteradamente ha mostrado su preocupación por los temas sociales. ¿Tiene la sensación de que, con la actual situación de crisis económica, nos encontramos en un cambio de ciclo en el que el Estado del bienestar, tal y como lo conocíamos hasta ahora, se está tambaleando?
Creo que sí, que las paredes maestras del Estado del Bienestar, tal y como las hemos ido construyendo en los últimos 20 años, están sufriendo gravemente, especialmente en el ámbito de los servicios sociales, de la dependencia y la atención a los mayores, de las becas y de la privatización de la sanidad. Son cuatro boquetes muy graves que se han abierto en el edificio del Estado del Bienestar y que atentan al principio fundamental de la igualdad de los españoles, que es, no lo olvidemos, el corazón del proyecto socialdemócrata y del Estado del Bienestar.
¿Qué alusiones contendrá la Conferencia Política del PSOE en materia de política social?
Nosotros estamos planteando la necesidad de que los grandes servicios sociales no sufran una pérdida tan fundamental de su núcleo y vamos a discutir y a hablar sobre los cimientos de este tema, fundamentalmente.
Primero, queremos incorporar a nuestra Constitución lo que llamamos una ‘cláusula de estabilidad social’, es decir, el contrapeso a la cláusula de estabilidad financiera que introdujimos en la Constitución, en el artículo 135. Queremos establecer un compromiso constitucional para que la política del Gobierno de España asegure siempre un suelo mínimo de gasto en política social que permita sostener las paredes del modelo de bienestar.
Segundo, queremos transformar el principio orientador de la salud para los españoles en un derecho fundamental de los ciudadanos, igual que el derecho a la educación. Queremos que el derecho a la salud esté configurado como un derecho personal e inviolable y, por tanto, es obligación del Gobierno y de los servicios públicos atender los problemas de salud de los españoles como un derecho individual de los ciudadanos.
Las paredes maestras del Estado del Bienestar están sufriendo gravemente
Éstos son los tres rasgos fundamentales estamos planteando para nuestra Conferencia Política.
¿La discapacidad tendrá cabida en este importante documento estratégico del PSOE?
La discapacidad sigue siendo un elemento nuclear de nuestra política y nosotros, en esta materia, estamos reivindicando que se fomenten las medidas de inserción laboral, que nos parecen las más importantes; el cumplimiento de las leyes para la inserción laboral de la discapacidad y la inclusión de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) como una herramienta de inserción laboral de la discapacidad.
Incluiremos el reconocimiento efectivo de las garantías existentes, en estrecha colaboración con el poder judicial y la Fiscalía General del Estado; la justicia gratuita en los casos de protección de un derecho fundamental vulnerado por razón de discapacidad y la adaptación del marco legal español a la Convención de Naciones Unidas.
Propondremos un plan integral de atención a las personas con discapacidad y sus familias, verdaderamente transversal; asegurar los compromisos legales ya existentes en materia de accesibilidad y reforzar la accesibilidad a la comunicación para garantizar los derechos, y una atención especial a las mujeres con discapacidad y a los jóvenes.
Queremos establecer un compromiso constitucional para que la política del Gobierno de España asegure siempre un suelo mínimo de gasto en política social
"La discapacidad tiene que seguir teniendo una política propia"
¿La renovación ideológica sobre la que está trabajando su partido pasará inevitablemente por defender la plena inclusión social de todas las personas, independientemente de su condición?
Sí, en el corazón del proyecto socialdemócrata del siglo XXI sigue estando la igualdad, que está sufriendo especialmente en términos económicos en los últimos años en los países occidentales porque se está abriendo el abanico entre ricos y pobres, pero la igualdad tiene también otras grandes tareas. Una de ellas, quizá la más importante, es el establecimiento de un catálogo de derechos individuales que hacen iguales a quienes no lo son. En ese sentido, recogiendo el testigo de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que generó un amplio catálogo de derechos individuales a las personas que por circunstancias diversas no eran iguales ante la vida, desde la edad hasta la discapacidad, desde la orientación sexual hasta su origen personal, migrantes o inmigrantes, toda esta filosofía que implementa políticas discriminatorias favorables a quienes no son iguales para hacerles iguales ante la vida, es un elemento nuclear de nuestro proyecto.
Obviamente, la lucha contra la discriminación más importante desde el punto de vista cuantitativo es la de género; las mujeres y los hombres siguen teniendo todavía una larga marcha por la igualdad plena. Pero muy probablemente la segunda, y con más intensidad si cabe, es la discapacidad, que tiene que seguir teniendo una política propia y que sigue necesitando de una mirada horizontal a todo lo que se hace para que esté siempre presente en todas nuestras políticas.
Tengo la sensación de que la crisis nos ha hecho olvidar en gran parte aquellas grandes tareas. De hecho, el propio Zapatero se dio de bruces con la crisis al final de su segunda legislatura y la gente olvidó los perfiles tan valientes, tan comprometidos, tan solidarios y tan igualitarios que caracterizaron sus gobiernos. Quiero recordar que los gobiernos de Zapatero se iniciaron con un pacifismo muy valiente, con la retirada de las tropas de Iraq y con un esfuerzo por la igualación de hombres y mujeres que le llevaron a un compromiso feminista simbólico y real. Recuerdo aquellos gobiernos de tantas mujeres como de hombres, la ley de igualdad, la política tan valiente contra la violencia de género... Todo eso caracterizó un gobierno comprometido con la igualdad de mujeres y de hombres.
Pero recuerdo también un gobierno ligado a las grandes causas de la solidaridad internacional, convertido en poco tiempo en el país más generoso en la cooperación internacional contra la pobreza y también un gobierno de los derechos de los ciudadanos, ya sea en el reconocimiento del matrimonio homosexual, el derecho de huelga de los inmigrantes, los derechos a los españoles emigrantes desde años atrás para darles derecho a la salud; los derechos que se establecieron para los mayores a través de la dependencia o las políticas de desarrollo de la inserción social de la discapacidad. Entonces, todo esto chocó al final con la crisis, que fue muy injusta porque fue como un tsunami que destrozó parte de aquel sueño. Nuestro proyecto ahora es reivindicarlo y proponer a los españoles recuperar de nuevo esos valores.
España es un país con una potente arquitectura legislativa relacionada con la discapacidad, pero algunos piensan que la normativa es de soft law, es decir, ‘derecho suave’, porque no se aplica convenientemente. ¿Comparte este criterio?
En relación con la inserción laboral de la discapacidad, sí. Hemos ido haciendo normas progresivamente más exigentes a las empresas y, al mismo tiempo, hemos sido cada vez más tolerantes con su incumplimiento. Esa ecuación tiene que llevarnos a una adecuación de las leyes a las posibilidades reales para distraer el incumplimiento, generando mecanismos de estímulo a la inserción junto a las sanciones por los incumplimientos más graves. Esa combinación creo que, honradamente, es necesaria.
¿Tendrá ocasión el PSOE de proponer en esta legislatura una ley estatal de derechos y servicios sociales que asegure un marco de apoyos y prestaciones iguales para todos los ciudadanos, con independencia de dónde se resida, como ha pedido el CERMI?
Ésta es una propuesta que hemos hecho exactamente así en nuestra Conferencia. Es un terreno delicado porque las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en servicios sociales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no permite la invasión competencial del Estado en estas materias y porque, además, el concepto de igualdad y de autonomía no siempre es perfectamente compatible. Es decir, el principio de autonomía lleva consigo el derecho de la comunidad autónoma a establecer un ámbito diferente de regulación en función de sus recursos, de su política, etc., y el principio de igualdad puede ser un principio homogeneizador que vulnere esa autonomía.
Nuestra solución es muy clara: un suelo mínimo igual para todos los españoles y a partir de ahí, un margen de autonomía para las políticas de las comunidades, pero un suelo mínimo para todos. Lo hicimos con la ley de la dependencia, donde chocamos con la bandera autonomista de las comunidades que decían “´ésa es materia nuestra”, pero al establecer un recurso financiero propio desde el Estado las comunidades se sumaron a la ley y, de hecho, no hubo recursos contra ella. Pero fue, en parte, una intromisión del Estado creando un nuevo derecho ciudadano igual para todos los españoles, que nosotros creemos que hay que establecer también en los servicios sociales mínimos. A partir de ahí, admitimos que la comunidad catalana o la andaluza o la extremeña o la vasca puedan establecer complementos en su política social, pero sí nos gustaría que hubiera una intervención estatal dejando un suelo mínimo de servicios sociales iguales para todos los españoles.
¿Cómo se puede cuantificar ese suelo mínimo?
No es fácil porque, honestamente lo digo, no creo que España tenga en este momento las posibilidad económicas para establecer una especie de renta básica mínima. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es establecer que, sin perjuicio de las leyes autonómicas de servicios sociales, el Estado establezca unos mínimos de atención social, unos mínimos de inserción social, de ayuda a las familias sin recursos, de programas de formación, de lucha contra la exclusión, en general, en las cantidades que una familia sin ingresos tiene derecho a recibir o en la fijación de los derechos educativos o sanitarios que tienen las personas. En fin, en el desarrollo de los principios constitucionales de igualdad de los españoles cabe el establecimiento de una ley de servicios sociales mínimos sin perjuicio del ámbito competencial de las comunidades autónomas.
La discapacidad sigue necesitando de una mirada horizontal a todo lo que se hace para que esté siempre presente en todas nuestras políticas
¿Liderará su partido la demanda del sector de la discapacidad de modificar la Ley Orgánica Electoral General para suprimir cualquier restricción del derecho de voto por motivos de discapacidad?
Es un tema que estamos estudiando, lo hemos discutido con el CERMI y reconocemos que la petición responde a la Convención Internacional sobre la discapacidad, que se ha suscrito y a la que España se ha adherido. Pero, realmente, es una cuestión que tenemos que hablar con el resto de los partidos políticos porque no se pueden hacer reformas de la Ley Electoral si no es de acuerdo con el conjunto de los partidos. Nuestra intención es estudiar esta propuesta, ver la legislación europea a este respecto y discutirlo al final de esta legislatura con el resto para ver si una reforma de la Ley Electoral puede establecer ese principio general.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de emprendedores, en el que no hay mención alguna a la discapacidad. ¿Trabajará el PSOE desde el Parlamento para encajar alguna mención a la discapacidad en esta ley?
Nosotros creemos que en el emprendimiento y en el trabajo autónomo se integra una de las grandes ventanas de oportunidad para muchas personas con discapacidad. Honradamente, creemos que el mundo de la sociedad de la información y las tecnologías de la comunicación van a permitir que mucho trabajo se haga desde casa y en régimen de contratación mercantil, lo que podríamos llamar trabajo semiautónomo o emprendimiento puro y duro. La discapacidad, en muchas de sus manifestaciones, ya sean por movilidad u otro tipo de limitaciones, proporciona, sin embargo, capacitaciones profesionales que pueden ser muy útiles para el mercado y desarrollarse en este régimen que llamaríamos de libertad empresarial de contratación mercantil, de autonomía o de no dependencia laboral, digamos. Nos parece una ausencia muy lamentable que la ley no contemple este aspecto y, por supuesto, la vamos a enmendar en esa dirección.
Fondo coyuntural contra la marginación social
¿Qué medidas cabe proponer para reducir las deudas de las administraciones públicas con las entidades del tercer sector de acción social?
En este terreno se han hecho en los últimos tiempos algunos avances desde el Ministerio de Hacienda para asegurar el pago de las deudas a proveedores, pero lo que no se dice es que muchísimas entidades de integración de la discapacidad o muchísimas organizaciones no gubernamentales del tercer sector que trabajan contra la exclusión social están siendo muy castigadas en las comunidades autónomas por la pérdida de subvenciones, al ser éstas consecuencia de reducciones presupuestarias y no de leyes con derechos.
Estuve no hace mucho tiempo en Talavera de la Reina (Toledo), donde había 30 personas con discapacidad que pintaban en cerámica y que prácticamente estaban condenadas a irse a casa porque habían dejado de recibir subvenciones. Como ésta, estoy seguro de que hay montones de entidades donde el trabajo es un trabajo subvencionado. Desgraciadamente, esto es algo de lo que no se habla mucho y es consecuencia de la reducción drástica de las partidas presupuestarias que muchas comunidades autónomas tienen en política social.
Es ahí donde nosotros contemplamos la existencia de una quiebra en nuestro modelo de bienestar porque tenemos en este país una pobreza creciente como consecuencia de la marginalidad en la que mucha gente vive. Por ejemplo, en estos centros tutelados, muchas personas con discapacidad, pensiones muy mínimas, hogares donde no entra ningún ingreso, parados que han terminado su prestación y que sólo reciben 450 euros del Plan Prepara y que no es suficiente para vivir, etc. Tenemos casi un 20% de población en España en condiciones cercanas a la pobreza.
En el CERMI son muy plurales, muy respetuosos; trabajan como la hormiga, poco a poco; son muy constantes y tienen una gran capacidad profesional de ser transversales
Nosotros hemos planteado al Gobierno la conveniencia de establecer una especie de fondo coyuntural contra la marginación social, contra la pobreza creciente en España con motivo de la crisis, las restricciones presupuestarias, la eliminación de las becas, el paro tan enorme que tenemos... No estamos pidiendo que se haga una ley que recoja derechos para toda la vida que pueda provocar gastos inmensos, sino de que durante los próximos cuatro o cinco años, porque la crisis no va a resolverse antes, España tenga un fondo de entre 3 y 5.000 millones de euros al año para atender estas situaciones. Tenemos la necesidad social y el deber moral de hacerlo. No hemos tenido suerte en esta proposición, que fue rechazada en el Parlamento, pero vamos a insistir al Gobierno en que es necesario un fondo coyuntural contra la pobreza en España.
Una causa de desigualdad que sufren las personas con discapacidad y que no ha sido en absoluto resuelta por las sociedades más avanzadas del mundo. Me siento bastante orgulloso de la evolución de la discapacidad en España en los últimos 20 años, para no hablar de ningún periodo en concreto. Desde los años 90 la discapacidad en España ha hecho un recorrido muy importante de progreso, pero venía de muy atrás, y en Europa hay todavía demasiada discapacidad oculta y marginada, y sigue habiendo una causa importantísima de dignidad vital en la inserción laboral plena de la discapacidad. Esos grandes temas de nuestra convivencia no se arreglan en cuatro días ni en cuatro años, pero sí es muy importante que golpeen en nuestra puerta todos los días y el CERMI lo hace con fuerza.
Por último, ¿qué opinión tiene de la labor que realiza el CERMI?
Sinceramente, creo que es una organización hace una tarea inmensa y fantástica de defensa de una gran causa de la igualdad y de la dignidad humana. Pienso que es una de las grandes tareas que hacen decente a una sociedad, que la hacen digna y creo que lo hacen muy bien, primero porque son muy plurales, muy respetuosos; trabajan como la hormiga, poco a poco; son muy constantes y tienen una gran capacidad profesional de ser transversales para que la causa de la discapacidad esté presente hasta en la ley electoral.
